Esta semana se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa del Ejecutivo en la que propone echar abajo la Reforma Educativa que se llevó a cabo en 2013. En la exposición de motivos el mandatario no perdió la oportunidad de resaltar una vez más aquello por lo que pretende ser recordado en la historia: “La cuarta transformación”, inspirado por el principio de Equidad.
“Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, así reza el principio de Equidad, que se propone sea la esencia del artículo 3º Constitucional, en sustitución al principio de Calidad que rige el precepto actual. Ello da pie a un delicado fenómeno que ha de analizarse detenidamente: garantizar educación de calidad vs. el acceso equitativo al Servicio Profesional Docente.
Al menos ese es el argumento más fuerte de aquellos maestros que se oponen a la evaluación, pues “resulta inequitativo aplicar la misma evaluación a quienes por su contexto económico, social y/o demográfico no han tenido las mismas oportunidades que otros que compiten contra ellos por las mismas plazas”. He ahí que manifiesten que la Reforma del 2013 les genere “desconfianza” y se consideren víctimas de un sistema que es agresivo contra los docentes.
Sin embargo, tales argumentos -sostén de la actual iniciativa- dejan de lado la esencia del artículo 3º Constitucional: garantizar educación de calidad, con el objetivo de proporcionar al educando los recursos idóneos para un desarrollo integral. Hemos de hacer notar que el artículo que se modifica es garante del derecho fundamental que tiene todo individuo de recibir educación, luego entonces, cualquier modificación al mismo ha de posicionarse al educando en primer plano, sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo gira en torno a los intereses de los docentes.
La diferencia entre educación de calidad y educación equitativa es que la primera brinda los mejores recursos para garantizar éste derecho humano a todo el alumnado, mientras que la segunda, brinda calidad educativa según las condiciones geográficas, económicas y sociales en las que se encuentre, es decir, si el alumno vive un contexto favorecido, su profesor -y por lo tanto su educación-, será favorable; por el contrario, si el alumno se desenvuelve en un contexto desfavorable, su educación será de la misma condición. En otras palabras, de llevarse a cabo la nueva reforma se alimentará el rezago en el que se encuentran los educandos en condiciones desfavorables, pues difícilmente contarán con profesores idóneos para superar las condiciones en las que se encuentran, pues éstos últimos también fueron preparados con calidad educativa deficiente.
Como si lo anterior fuera poco, se propone también que el acceso a un sistema permanente de actualización y formación magisterial sea a voluntad del docente y no una obligación, como se prevé actualmente -aunque por el empeño que tienen algunos profesores en eliminar dicha carga, se pone en tela de juicio su entusiasmo por actualizarse y prepararse con excelencia-.
No es en vano que 20 de los 34 países que conforman la OCDE aplican la evaluación para motivar y reconocer a sus profesores; y no debería caer en saco roto las recomendaciones que la misma organización realizó a México después de exhaustivas y particulares investigaciones a fin de implementar un sistema educativo prometedor para asegurar mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana.
Echar para atrás la reforma educativa iría en detrimento del principio de Progresividad, consistente en ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos, el cual impone una prohibición de regresividad, [es decir], el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos”. Por lo que, eliminar el requisito constitucional de impartir educación de calidad -para en su lugar impartirla con equidad- implica arrancar un derecho a aquellos estudiantes cuyos profesores en sus contextos sociales, geográficos y/o económicos no son aptos o idóneos para permitirles progresar hacia un mejor futuro.
“Compromiso cumplido maestras y maestros de México”, afirmó el Presidente López Obrador seguido de firmar su propuesta legislativa, aunque lo cierto es que la iniciativa presentada el pasado 12 de diciembre es apenas el primer eslabón del procedimiento para que sea vigente la Nueva Reforma Educativa. Es deseo de ésta abogada sin tacones que quede su dicho como mera demagogia para apaciguar al sector del pueblo sindicalizado que votó en su favor para arrancarle dichas palabras.
