Ya saben quién, ha dicho en reiteradas ocasiones que su idea de construir un aeropuerto en Santa Lucía para acompañar en operaciones a el actual AICM, es “más económico, más eficiente y más viable”.
No somos técnicos de la aviación y la opinión que pudiéramos ofrecer respecto a la “eficiencia y viabilidad” de su proyecto en contraste con el NAICM, supera nuestros conocimientos (sí, los ASC no lo sabemos todo). Sin embargo, esto no nos va a detener en nuestra labor informativa. Por eso es que decidimos sí abordar las declaraciones de AMLO, solo que lo haremos desde una perspectiva jurídica más que técnica.
En ese sentido, la pregunta que guiará el presente análisis sería: ¿Es “más económico, más eficiente y más viable”, desde una perspectiva jurídica, la propuesta de AMLO de construir un aeropuerto en Santa Lucía y mantener las operaciones del actual AICM?
Para dar respuesta, hay que atender al esquema de contratación para la construcción del NAICM, que es básicamente la forma de contratación de cualquier obra pública: los Contratos de Obra Pública.
Así pues, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha celebrado un Contrato de Obra Pública con cada una de las compañías que se encargarán de ejecutar los diversos trabajos de construcción para la realización del proyecto. Por ejemplo, trabajos de excavación, trabajos de instalación de drenaje, trabajos de construcción de pistas, de instalación eléctrica, etc.
Al día de hoy, GACM ha celebrado 157 contratos de obra pública con mil 790 empresas nacionales e internacionales que en total suman un valor superior a los 100 mil millones de pesos (en este enlace pueden acceder a ellos). Desde luego no se han terminado de pagar los 100 mil millones de pesos, pues los pagos se van haciendo por unidad de concepto de trabajo terminado. O como quien dice, por partes. Sin embargo, muchos pagos y anticipos ya se han realizado.
Ahora, si el Peje ganara la carrera presidencial y decidiera cancelar la construcción del aeropuerto, de acuerdo a los Contratos de Obra Pública celebrados, GACM tendría que finalizar el contrato de forma anticipada. Esta forma de terminación pactada en el contrato no implicaría responsabilidad alguna para GACM, salvo:
- La obligación de pago de de las obras efectuadas aún no liquidadas; más,
- El reembolso de los gastos no recuperables en los que haya incurrido el contratista.
Multipliquen esto por cada una de las empresas contratadas, añadiendo al resultado el costo en el que incurriría el Estado por la cantidad de demandas que le lloverían debido a la cancelación injustificada del aeropuerto, y tenemos la receta perfecta para una catástrofe legal y económica.
Y es que, para que la finalización de los contratos proceda con justificación y sin responsabilidad alguna para el GACM, tendría que comprobarse que con la construcción del nuevo aeropuerto se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado. Y, como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Habría que entrar en un análisis técnico-aeronáutico que confirmara o negara el perjuicio o daño causado a la Nación; además del análisis legal y económico de las consecuencias de cancelar el aeropuerto y construir el de Santa Lucía. Desde luego que todo esto se resolvería en juicio.
Así que, volviendo a los planteamientos iniciales, yo les pregunto ¿Qué es más “económico, viable y eficiente”, jurídicamente hablando? ¿Dejar una obra millonaria a medias (el NAICM), perder el dinero ya invertido y entrar en litigios millonarios con los contratistas por una obra cancelada? O ¿construir el NAICM conforme al proyecto planteado hasta ahora y evitarse los altos costos de varias decenas de juicios administrativos?
Jurídicamente hablando, lo más viable, eficiente y económico, es que las cosas sigan como van. Los litigios no son papitas y menos, el litigio de una obra pública.
Créanos, algo sabemos de derecho.
