Una entrega más de los Abogados Sin Corbata, donde este descorbatado autor al hacer el análisis jurídico que (en principio) es materia de este artículo (ajá..), va a tratar de no externar para donde late su corazoncito.
No es cierto. Al diablo. Sí lo voy a externar. Y por dos motivos:
- Es en relación a economía. Y me gusta la economía. De hecho hubiera sido economista, sino es porque mi papá pensó que no era buena idea. Pero estoy seguro ahora, al ver su hijo está a punto de lanzar en video el contenido de estas publicaciones, sí hubiera preferido que yo estudiara economía…
- Me molesta que el Estado meta sus narices más allá de lo que debe. ¿Y en qué debe de meter sus narices? En lo que le alcance después de garantizar la seguridad a sus gobernados. ¿Que no hay seguridad? Entonces no hay razón o motivo alguno, para que el Estado esté regulando la antigüedad que puedan tener los vehículos que utilicen empresas como Uber, Cabify, City Drive, etc… (ya me adelanté al tema…).
El mes de septiembre fue particularmente complicado para la sociedad Mexicana. Por un lado, la constante actividad sísmica sufrida; y antes de eso, el caso de Mara Castilla. Una joven poblana que fue torturada y finalmente asesinada, presuntamente por un conductor de Cabify. Y digo presuntamente, no porque sea negador del holocausto o encubridor de la mafia en el poder. Sino porque como abogado, debo de respetar ciertos ideales de justicia. Como lo es no tildar a alguien de delincuente, sino hasta que haya habido un procedimiento donde la persona en cuestión haya tenido oportunidad de probar y defenderse.
El caso de Mara Castilla con justa razón, trajo pánico. Y la explicación puede estar en que un servicio que se llegó a ver como el vellocino de oro, de repente constituye una verdadera amenaza: El servicio que permitía salir de fiesta, olvidarse de manejar, y sentirse seguro(a) porque se contrataba un conductor cuya cara y nombre nos daba la aplicación móvil; se ha llegado a ver como un riesgo latente, de no volver a casa…
Consecuencia de lo anterior, es que varias personas se han acercado a los Abogados Sin Corbata a preguntarnos: ¿qué derechos tenemos como usuarios(as)? de las Empresas de Redes de Transporte (ERTs, así les denominan ciertas legislaciones mexicanas, a empresas com UBER, Cabyfy, City Drive, etc…).
La anterior pregunta entre otras cosas evidencia que la gente de pie, sí nos ve a los abogados como guías, consiglieris, luz en el camino. A diferencia de las empresas, que sólo nos ven como proveedores (de servicios legales, en el mejor de los casos…).
A la pregunta expresa de: ¿qué derechos tenemos como usuarios(as) de las ERTs? Depende, sería la respuesta que daríamos a nuestros 7 lectores (ya detectamos tres lectores más, ¡yei!). Y la respuesta es Depende, porque en cada Estado del País es diferente. Así que si quieres gritar: ¡Quita a los Ubers EPN! Ahórratelo, no le toca a él.
Como al día de hoy ya han podido ver un adelanto de lo que subiremos a nuestro canal de youtube (suscríbanse, porfis) son testigos los seductores ojos tapatíos del autor. Escribo desde Jalisco. Pero la normativa que hemos revisado en los Estados que ya regulan las ERTs, es más o menos igual.
Haciendo caso omiso a nuestra odiosa primera respuesta, la gente que nos ha pedido información nos formula la siguiente pregunta concreta:
En caso de denunciar a un conductor por la aplicación, ¿qué seguimiento le puedo dar? Porque ha pasado que tras una conducta indebida del conductor, la usuaria (sí, regularmente es mujer la agraviada) manda un mensaje a la aplicación reportando al conductor, y la ERT le dice: “entendido, no volveremos a conectar a este conductor contigo”
A lo que la usuaria dice: “¿Y ya?, ¿y las demás pasajeras?”
Como usuario de de ERTs, tienes muchos derechos: Un servicio con puntualidad, higiene, orden, seguridad, accesibilidad, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, eficacia, trato digno y respetuoso, comprobante de pago electrónico… Como se puede ver, a excepción del último, todos son derechos que tiene cualquier ser humano, al recibir un servicio que le dé otro ser humano.
El marco jurídico actual, no obliga a las ERTs a despedir a cualquier conductor reportado, o a denunciarlo para meterlo a la cárcel. Y probablemente la solución no sea esta. Porque no hay utilidad alguna en aumentar los derechos que tienen las usuarias de la ERTs, tomando en cuenta que estas tienen un derecho, al igual que cualquier usuario, de cualquier otro servicio: a que el Estado nos garantice la seguridad.
Después de lo sucedido a Mara Castilla, el gobierno de Puebla revocó la autorización para operar en el Estado a Cabify. Pero eso, lejos de ser una solución, es contraproducente. Porque necesidad de transporte público siempre va a haber. ¿Y qué va a pasar habiendo una opción menos de ERT? ¿Los usuarios tendrán que recurrir a los Taxis? ¿Acaso son estos más seguros? Seh…
Pero claro, es más fácil revocar la autorización a una ERT, a que el Estado reconozca que ha fallado en su obligación de garantizar seguridad, e implementar medidas como tener una policía preparada, y capacitar a sus ministerios públicos. El famosísimo “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, es conocido por los que saben como “la puerta giratoria”. Porque impone muchas obligaciones a las autoridades para el momento en que detienen a una persona, que no son acatadas. Y ello es por falta de capacitación. Ello facilita que los abogados de los acusados, metan todos los goles que quieran a la autoridad, y liberen al detenido… Pero ya hablaremos después de ello más a detalle.
Establecer medidas castrantes para las ERTs, no van a solucionar el tema de seguridad (lo único que harán es dejar como opción los Taxis…), e impedirían que lleguen a operar otras ERTs que con creatividad, busquen suplir la deficiente seguridad que da el Estado Mexicano. Por ejemplo. A raíz de todo esto, han anunciado su intención de venir a México dos empresa de ERT con ideas interesantes: una trae videocámara al interior de la unidad, y otra sólo tiene conductoras. Ciertamente, esto no sería la panacea. Porque la única panacea, sería que el Estado cumpla con su razón de ser: dar seguridad.
Pro mientras el Estado no cumpla su verdadera función, seguirá habiendo diarrea legislativa, reglamentaria, y censurando servicios privados… Que ciertamente, nos da qué analizar y para qué ser contratados a los abogados. Pero este Abogado Sin Corbata, preferiría por mucho vivir en una sociedad donde no haya necesidad de tanta regulación, al haber más ejecución…
¿Pero si el Estado hiciera bien su tarea… habría menos trabajo para los Abogados? Probablemente. Pero este Abogado Sin Corbata, lo preferiría. De ser el caso, ya buscaría de qué vivir… podría ser escribiendo cosas del corazón… por ejemplo…
